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La arriesgada apuesta de Sánchez: Por qué la crisis de la vivienda en España podría destrozar a la oposición

Por Martyn Rhisiart Jones, nuestro corresponsal político sénior

Si quieres entender por qué la política española parece estar constantemente al borde del colapso, pasea por cualquier barrio residencial de Madrid, Barcelona, ​​Santiago de Compostela o Málaga. En lo alto de las avenidas arboladas, cuelgan pancartas escritas a mano de las barandillas de los balcones: «Casas para vivir, no para invertir».

La vivienda, durante décadas la piedra angular de la acomodada clase media española, se ha convertido en una grave crisis social.

Los desorbitados tipos de interés hipotecarios han convertido la compra de una vivienda en una quimera para cualquiera menor de cuarenta años, mientras que el alquiler absorbe una parte descomunal del salario neto medio. El descontento público no solo se ha deteriorado, sino que se ha radicalizado. Las recientes protestas callejeras —desencadenadas por el desgarrador desahucio de una pensionista de 87 años en Madrid que había vivido en su piso durante 71 años— han transformado el problema del alquiler, de una queja privada a una cruzada nacional.

¿Cómo llegó, entonces, a este punto crítico una nación de orgullosos propietarios?

Los fundamentalistas del mercado dirán que se trata simplemente de la mano invisible del mercado: la inflación, las subidas de tipos del Banco Central Europeo y la crisis posterior a la pandemia. Pero esto oculta una década de saqueo sistémico descarado.

Tras la crisis financiera de 2008, España se convirtió en un festín para los fondos buitre internacionales. Los gigantes del capital riesgo se lanzaron a comprar activos bancarios en dificultades y carteras de vivienda social a precio de saldo, exprimiendo a los inquilinos, explotando las lagunas legales en los alquileres estacionales y enviando agentes judiciales sin pensarlo dos veces.

Sin embargo, la avaricia privada es solo una parte de la historia; la inercia estatal explica el resto. Bajo la estructura constitucional descentralizada de España, la política de vivienda no la controla el gobierno central en Madrid, sino las diecisiete administraciones autonómicas. En vastas zonas del país, los gobiernos regionales han elevado la inacción a la categoría de filosofía política. Mientras que otros países europeos mantienen modestas redes de protección social, la media de la UE en vivienda pública de alquiler ronda el 8%. El parque de viviendas públicas de España se sitúa en un lamentable 1,5%. Décadas de venta de pisos subvencionados por el Estado a compradores privados dejaron las arcas vacías cuando llegó la crisis.

Y entonces apareció Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español, un maestro de la supervivencia política que ha convertido el vivir al límite en un arte, impulsó dos decretos reales de gran alcance. Las medidas pretenden restringir los alquileres vacacionales de corta duración, prorrogar los contratos de arrendamiento existentes por dos años y reforzar las garantías contra los desahucios.

Este viernes 2 de octubre, el Congreso de los Diputados se reúne en Madrid en una sesión extraordinaria y de gran tensión para votar la aprobación de las reformas. Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria. La diferencia es mínima y lo que está en juego es de suma importancia.

Las posturas políticas se manifiestan con el dramatismo típico de la península ibérica:

El bloqueo de la derecha: El Partido Popular (PP) conservador de Alberto Núñez Feijóo y Vox, la ultraderechista de Santiago Abascal, tienen previsto votar en contra. Escudándose en la retórica de los sagrados derechos de propiedad, su estrategia es sencilla: infligir una humillante derrota al gobierno, sin importar el coste humano. Sánchez replicó en el Parlamento que no le importa ser considerado un «traidor a los fondos buitre» si eso significa proteger a los inquilinos.

La agonía regional: Los que deciden el resultado son, una vez más, los nacionalistas catalanes conservadores de Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Ambos se encuentran en una situación delicada, divididos entre sus instintos tradicionales a favor de las empresas y la ira de sus votantes.

La izquierda pragmática: Los socios de la coalición de izquierda se están alineando con resignación. Si bien muchos argumentan que los decretos de Sánchez no son suficientes para limitar los alquileres exorbitantes, reconocen que más vale algo que nada.

Lo que hace que la división del viernes sea tan relevante para los observadores en Bruselas, Westminster y Stuttgart es cómo las consecuencias reconfigurarán el panorama político.

Si Sánchez pierde las elecciones, víctima de una alianza perversa entre la derecha y los regionalistas indecisos, no se retirará a lamerse las heridas. Al contrario, cabe esperar que utilice la derrota como arma explosiva en su campaña. Casi con toda seguridad, Sánchez convocará elecciones generales anticipadas y planteará toda la contienda como un referéndum moral: el pueblo contra los grandes propietarios. En un país donde la presión del alquiler afecta ahora a millones de votantes indecisos, esa propuesta podría fácilmente otorgarle una aplastante mayoría.

También resultaría catastrófico para Feijóo. Al aliarse con los fondos buitre para bloquear ayudas concretas para los inquilinos más necesitados, el líder del PP podría firmar su propia sentencia de muerte política. Condenaría a su partido a la oposición marginal: ruidosa, obstructiva, pero fundamentalmente ingobernable.

Por el contrario, si Sánchez logra aprobar los decretos el viernes, habrá consolidado la vivienda como el mayor triunfo de su mandato. En cualquier caso, Feijóo ha caído directamente en una trampa que él mismo ha tendido, mientras que Pedro Sánchez ha convertido una vez más una emergencia nacional en un juego de jaque mate político.

Muchas gracias por leer.